¿Dónde se encuentran e-Goverment e Internet de las Cosas?

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Contenido original publicado en: Reporte Digital

El problema no está en que las máquinas se comuniquen sino que el gobierno y los ciudadanos estén preparados para el flujo de información.

La democracia se resume en el gobierno del pueblo a través de funcionarios elegidos popularmente para tomar las mejores decisiones para una comunidad. Así, resulta ser un panorama interesante para los gobiernos del mundo el saber que el Internet de las Cosas (IoT) vendrá cargado no solo de aparatos interconectados sino de datos por analizar para tomar las mejores decisiones a partir de ellos.

Hasta aquí tenemos un escenario ideal, donde ciudadanos, de forma puntual o a través de la información que producen cada día, se convierten en fuente para entender mejor su contexto, de modo que las entidades públicas puedan disponer todos sus recursos para identificar problemáticas y proveer soluciones coherentes con las dinámicas de cada grupo de personas.

Pero lo cierto es que para que este escenario se haga posible hace falta algo en lo que los gobiernos de América Latina han venido trabajando pero no por ello se puede decir que están listos: interoperabilidad.

Como lo define el Portal de Administración Electrónica del Gobierno de España, la interoperabilidad es “la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos”. Entonces los gobiernos empiezan a temblar.

Gobiernos conectados para ciudadanos conectados

De nada servirán los datos provenientes de 30.000 millones de aparatos conectados suministrando información en tiempo real, si no existen plataformas marco orientadas a responder a fines específicos en función del desarrollo social y económico.

Así nacen las estrategias de gobierno electrónico y gobierno digital de distintos países, que de cara a los ciudadanos están agilizando las gestiones ante el sector público al permitir tramitarlos vía web, pero que frente a las entidades y los tomadores de decisiones, suponen más desafíos que el simple hecho de crear un sitio web que integre formularios de consulta.

Piense que usted necesita tramitar su cédula o documento de identidad en línea. El proceso debería ser tan sencillo como entrar a la web de la Registraduría y hacer su solicitud completando algunos datos, ¿pero qué pasa si el trámite se está haciendo para suplantar su identidad y cometer un delito?, ¿cómo podría la Registraduría verificar que quien diligencia el formulario sí es el titular de ese documento?, ¿cómo además me garantiza la entidad que mi información puede ser cotejada en tiempo real pero que a la vez está segura frente a posibles filtraciones?

Para ejemplificar los principios básicos de un proyecto de e-goverment (y eso que todavía no se incluye la analítica de grandes cantidades de información proveniente de IoT), usaremos como caso de referencia la Estrategia Gobierno en Línea (GEL) de Colombia.

GEL busca “construir un Estado más eficiente, más transparente y más participativo gracias a las TIC“, trabajando a partir de cuatro ejes temáticos: TIC para el gobierno abierto (participación ciudadana en la toma de decisiones), TIC para servicios (trámites y servicios en línea), TIC para la gestión (gestión administrativa de entidades públicas), y Seguridad y privacidad de la información (protección de datos de los ciudadanos).

Cada uno de estos ejes funciona de forma integrada y depende de la arquitectura del Estado, es decir, de los principios de interoperabilidad que enmarcan a todas las entidades para que el flujo de información sea no solo oportuno sino pertinente.

Pero resulta que además de lo complicado que puede ser integrar las bases de datos de cientos de entidades públicas, que luego se alimentarán también del flujo de big data asociado al IoT, resulta que el punto final de la cadena también necesita grandes esfuerzos para realmente sacar provecho de la gestión digital: los ciudadanos.

Y sigue el dilema porque ya no se trata solo de garantizar acceso a Internet a través de conexiones estables, sino que lo importante es que esos ciudadanos, por una parte entiendan cómo usar las herramientas digitales para hacer más efectivas sus gestiones ante el Estado, pero también qué entiendan realmente cuáles son esas gestiones públicas y cómo el gobierno podría brindarles soluciones desde sus distintas entidades. Entonces, los gobiernos vuelven a temblar.

En el universo idílico del futuro digitalizado las rutas de transporte público se actualizarán en tiempo real en función de la cantidad de usuarios que se dirigen a un lugar, o se encenderán las luces de las calles según se prevea el desplazamiento de un grupo de ciclistas. Pero lo cierto es que todavía estamos lejos de ese universo y nuestros gobiernos, antes de poder tomar decisiones basadas en el interminable flujo de datos que nos arrollará, deberán tomar decisiones más cercanas al 2.0, e incluso al 1.0, para que los ciudadanos puedan ejercer realmente sus derechos en línea.

Imagen: @NEC Corporation of America, distribuida con licencia Creative Commons BY-SA 2.0

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